5135 hogares en 10 municipios de Cantabria. Ese era el número de familias afectadas que dependían de la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número dos de Cantabria, en la impugnación, por parte de nuestra clienta, una empresa de infraestructuras tecnológicas, de nueve sanciones de la dirección general de carreteras del gobierno regional que, al margen de las multas, requerían la retirada de varios kilómetros de red de alimentación y distribución de fibra óptica que habrían dejado sin acceso a internet a miles de usuarios.

Los casi treinta folios de la sentencia constituyen un riguroso tratado sobre el concepto y características del derecho administrativo sancionador y fundamentan, exhaustivamente, los motivos por lo que debía anular y anulaba las nueve sanciones, dejándolas sin efecto.

Las telecomunicaciones son un sector crítico y sus infraestructuras son obras de interés general. Por eso, especialmente durante la pandemia, se hicieron los máximos esfuerzos por parte de todos, desde los directivos hasta los operarios, pasando por todos los niveles de la empresa, para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos de acceso a internet.

Las leyes aplicables, antes la de 2014 y ahora la de 2022, desarrollan en su articulado una serie de mecanismos de facilitación del despliegue, anunciados en sus exposiciones de motivos, que van desde el silencio positivo y la simplificación administrativa, hasta el derecho de acceso, por los operadores, a las infraestructuras de terceros, pasando por la ocupación precisa del dominio público y privado, e incluso el despliegue aéreo o por fachadas, cuando no haya otra solución técnica o económicamente viable.

A nada de todo eso fue sensible la dirección general de carreteras de Cantabria, mas preocupada, parece ser, por mantener su propio status o importancia, ellos sabrán por qué motivos, que en razonar con quienes consiguen que los ciudadanos carguen y descarguen datos a un gigabyte de velocidad, convirtiendo así a Cantabria, mal que le pese a la dirección general de carreteras, en la segunda región mejor conectada de España y una de las primeras de Europa. Mil megas son muchos megas para apagarlos de golpe. Sobre todo si el poste que los sustenta está más apartado de la arista exterior de la calzada que los cerramientos particulares, los árboles de la cuneta, o las propias señales de tráfico. Afortunadamente, frente a las decisiones autoritarias, una administración de justicia independiente constituye el mejor mecanismo posible de defensa. Y una sola magistrada se basta y sobra para proteger a 5135 familias.